Más de 400 presos políticos retenidos en la cárcel central de Bahréin llamada Joe iniciaron una huelga de hambre hace dos días.

Según el Movimiento Al-Wefaq, los guardias de la cárcel agredieron a los huelguistas tras insultarlos, y “los afeitaron la cabeza para humillarlos”.

El Ministerio de Interiores desmintió las acusaciones de Al-Wefaq y alegó que la dirección del Centro Reformatorio trató a los presos de acuerdo a las reglas aplicadas en el Centro.

Condenas contra manifestantes

Un tribunal de Bahréin condenó a cuatro opositores a siete años de prisión por participar en “actividades antigubernamentales”, mientras el Ministerio del Interior expulsó a un jeque chiita acusado de dañar la “seguridad del Estado”.


Los procesados, con edades de 24 a 34 años, recibieron las sentencias por participar en manifestaciones registradas hace más de un año para exigir la dimisión de la dinastía Al-Khalifa.

Dichas condenas fueron las más recientes de una serie de acciones dirigidas a sofocar las protestas contra la familia real.

El martes, la misma corte dictó penas de cadena perpetua contra 12 personas y 15 años de cárcel para otras dos también halladas culpables de participar en “manifestaciones no autorizadas” en aldeas de los alrededores de Manama y en esta misma capital.

Círculos opositores recordaron que el pasado 14 de abril las autoridades judiciales condenaron a 11 activistas a cinco años de encierro por otra manifestación realizada en 2012 en la aldea de Diah, cercana a Manama, donde resultó herido un policía.

Expulsión del representante de Al-Sistani

La ofensiva oficial para neutralizar las demostraciones de descontento popular iniciadas en febrero de 2011 se enfocó también en sectores de la jerarquía religiosa chiita, a uno de cuyos líderes se le revocó la nacionalidad bahreiní.


Según comunicó el miércoles el ministerio del Interior, se ordenó expulsar del país al jeque Hussein al-Nayati, representante del gran ayatolah Alí Al-Sistani, junto con otros 31 bahreiníes a los que se les invalidó esa condición en noviembre de 2012 por “actividades que quebrantaron la seguridad del Estado”.

En concreto, se imputó a Al-Nayati haber realizado "actividades poco claras sin coordinación con las autoridades".

Los opositores denunciaron que tal decisión era parte de una "persecución sectaria" contra los chiitas.