A partir de ahora, los servicios secretos suizos podrán, bajo ciertas condiciones, vigilar en forma preventiva los envíos postales y las comunicaciones telefónicas de los particulares.

También podrán vigilar las actividades en Internet, infiltrar redes informáticas y proceder al registro de locales, vehículos y maletas.

Los suizos respondieron masivamente “sí” este domingo en referéndum a una ley que autoriza a los servicios secretos a escuchar las comunicaciones telefónicas y vigilar las actividades en internet, principalmente para desbaratar amenazas terroristas.

Según los resultados definitivos, dos tercios (65,5%) de los electores aceptaron esta nueva ley, con una tasa de participación de alrededor del 43% (habitual en Suiza) de los habilitados para votar.

Por otra parte, los suizos votaron claramente “No” a otras dos consultas.

El 59,4% dijo rechazó un aumento de las pensiones, una medida que el Gobierno advirtió que supondría una carga financiera muy alta para las arcas públicas.

Por otro lado, un 63,6% de los votantes también rechazó una iniciativa popular defendida por los Verdes, que solicitaban una reducción del consumo de recursos naturales. Sólo los residentes del cantón de Ginebra la apoyaron.


El “sí” a la nueva ley que otorga esos poderes a los servicios de inteligencia satisface los deseos del Gobierno, que consideraba que ya no era posible responder a las nuevas amenazas, en particular “terroristas”, porque los servicios secretos sólo tenían derecho a recabar información de dominio público, o si las conseguían a través de otras autoridades.

En la televisión pública suiza RTS, el vicepresidente del Partido Demócrata-Cristiano (PDC), Yannick Buttet, destacó que Suiza no “es un objetivo, pero puede ser una base logística o financiera de retaguardia para los terroristas”.

La ley había sido aprobada por el Parlamento en 2015, pero una coalición integrada por el Partido Socialista, los Verdes y el Partido Pirata había conseguido las firmas para organizar un referéndum con el fin de derogar esta ley peligrosa para las libertades públicas.

Durante la campaña, los opositores a la ley recordaron el “escándalo de las fichas” de 1989, cuando los suizos descubrieron con estupor que 900.000 de ellos estaban fichados por la policía según sus opiniones políticas, sindicales y otros datos.