El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció “una lucha total contra la inmigración clandestina” y “una refundación completa” de la política de asilo, para expulsar con mayor celeridad a los extranjeros en situación ilegal. Quienes se marchen voluntariamente percibirán 2.000 euros en efectivo, en lugar de los mil que el gobierno de París pagaba hasta ahora.

El ministro del Interior, Gérard Colomb, declaró al diario Le Figaro que era urgente controlar los flujos migratorios y distinguir con claridad entre el derecho de asilo, que Francia pensaba respetar, y los inmigrantes económicos. “Si no se hace esa distinción, el propio derecho de asilo se verá cuestionado”, dijo.

Francia ha estado frenando inmigrantes en su frontera con Italia gracias a la derogación parcial de Schengen en 2015, tras los atentados de País. Pero esa derogación expira dentro de dos meses y la frontera volverá a estar abierta.

La ley antiterrorista que prepara Macron establecerá una “zona fronteriza” de 20 kilómetros de profundidad en la que las detenciones administrativas de extranjeros podrán durar hasta 12 horas. El antiterrorismo se utilizará, pues, contra la inmigración.

En 2016 fueron identificados 91.000 inmigrantes clandestinos, de los que 31.000 recibieron una orden de expulsión. De esos 31.000, 24.000 abandonaron el país. Los otros se quedaron.