El gobierno español rechazó la oferta de diálogo del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien dejó en suspenso la proclamación de la independencia de esa región para propiciar una negociación sobre el grave conflicto territorial.

Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación, pues “el diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley”, afirmó la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría.

En una comparecencia, Sáenz de Santamaría respondió así a la propuesta realizada este martes por Puigdemont, quien, tras declarar la secesión de esa comunidad autónoma, pidió aplazar sus efectos para abrir un proceso de diálogo con el ejecutivo de Mariano Rajoy.

“El gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional (TC)”, advirtió la vicepresidenta en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa en Madrid.

Además, reveló que Rajoy convocó para el miércoles a un Consejo de Ministros extraordinario para abordar los próximos pasos tras el discurso de Puigdemont en el parlamento autonómico.

El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, cambió el martes el paso y propuso al parlamento regional retrasar la declaración de independencia para abrir un proceso de negociación solicitado por múltiples actores.

“Proponemos que el Parlament suspenda la declaración de independencia para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada”, dijo Puigdemont en un discurso que no recibió los aplausos de los diputados de la CUP, el grupo anticapitalista que sostiene su gobierno y que había pedido una declaración inequívoca de independencia.

Anteriormente, el presidente catalán dijo que iba a asumir el resultado del referéndum del pasado uno de octubre y trabajar para proclamar la República Catalana.

“Hoy asumo el mandato de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república”, dijo solo minutos antes de anunciar la suspensión de los “efectos de la declaración de independencia” para empezar a dialogar en “las próximas semanas”.