El Parlamento francés adoptó definitivamente este miércoles un controvertido proyecto de ley antiterrorista, que facilita los allanamientos o el cierre de lugares de culto, muy criticado por los defensores de las libertades civiles.

Esta ley, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, había sido aprobada en primera lectura la semana pasada en la Asamblea Nacional, y en la jornada fue refrendada por el Senado, la cámara alta del Poder legislativo.

La misma incorpora al derecho común algunas medidas excepcionales del estado de emergencia instaurado en Francia desde los atentados terroristas de noviembre de 2015 (que dejó 130 muertos), que expira el 1 de noviembre.

Esta ley permite a las autoridades detener a sospechosos en su domicilio sin orden previa de un juez, cerrar lugares de culto acusados de promover el extremismo y realizar más controles de identidad.

El 57% de los franceses está a favor de esta ley, según una encuesta reciente, aunque el 62% reconoce que favorecerá una “tendencia a deteriorar las libertades”.

La ley ha sido severamente criticada por la izquierda radical y las organizaciones defensoras de los derechos humanos porque, sostienen, viola la presunción de inocencia y el respeto de la vida privada.

Asimismo, expertos de la ONU la han criticado duramente. “Perennizar mediante este proyecto de ley los poderes de emergencia amenaza gravemente la integridad de la protección de los derechos en Francia”, advirtió recientemente una de ellos, la irlandesa Fionnuala Ni Aolain.

En cambio, algunos sectores de la derecha y la extrema derecha la consideran demasiado “blanda”.