El Tribunal Superior Electoral decidió la madrugada del sábado vetar la candidatura del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva la presidencia del Gobierno en las elecciones que se celebran en octubre.

La mayoría de los jueces han alegado que Lula, en la cárcel desde abril, no puede presentarse porque pesa sobre él una condena en segunda instancia. Sólo uno de los siete jueces de la corte, Edson Fachin, consideró que Lula sí puede ser candidato.

El Partido de los Trabajadores (PT) ha afirmado que el veto judicial es “político”, “arbitrio” y basado en “una mentira”, y ha reiterado que “continuará luchando por todos los medios” para validarla.

“Vamos a presentar todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil”, ha expresado la formación socialista en un comunicado.

Los jueces han rechazado las plegarias de los abogados de Lula para que respetaran la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que recientemente pidió que el ex presidente conservara sus derechos políticos y pudiera concurrir a los comicios aun estando en la cárcel.

Lula es el claro favorito de los brasileños para ocupar el Palacio del Planalto: casi un 40% de electores está (o estaba) dispuesto a votarlo, muy por delante del segundo candidato, el ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 18% de intenciones de voto según la encuesta Datafolha de la semana pasada.