La tensión aumenta en Cataluña antes de la sentencia de los independentistas encarcelados

La tensión sube en Cataluña después de que los independentistas adoptaran mociones parlamentarias que desafían al Estado español, a pocas semanas de la sentencia del juicio a los dirigentes separatistas encarcelados, implicados en el intento de secesión en 2017.

El gobierno español anunció este viernes que recurrirá judicialmente las mociones adoptadas en el parlamento autonómico catalán el jueves, el mismo día en que la justicia decretó el encarcelamiento preventivo de militantes independentistas acusados de preparar acciones violentas.

“Este gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque (...) a la Constitución”, declaró Isabel Celaá, portavoz del gobierno español presidido por el socialista Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes.

Los partidos independentistas aprobaron varias mociones parlamentarias en las que defienden la “desobediencia civil” ante el Estado español, exigen la “retirada” de la Guardia Civil de Cataluña y piden una “amnistía” para los dirigentes independentistas, en prisión preventiva desde finales de 2017.

Estas mociones resultan simbólicas, dado que un parlamento regional no dispone de las competencias para llevarlas a cabo, pero evocan algunos de los textos adoptados durante el intento de secesión en septiembre y octubre de 2017, la peor crisis política vivida en España desde el final de la dictadura franquista.

La detención inesperada el lunes de militantes secesionistas radicales generó indignación entre las bases independentistas, menos movilizadas que en años anteriores.

Esta polémica operación policial se produjo pocas semanas antes de que el Tribunal Supremo anuncie la sentencia del juicio de los dirigentes independentistas.

La justicia española decidió encarcelar de forma preventiva a siete de los nueve militantes independentistas detenidos el lunes por pertenecer presuntamente “a una organización terrorista”, según un comunicado de la Audiencia Nacional.

Además de la acusación de rebelión, que comporta penas de entre 15 y 25 años de cárcel, los dirigentes independentistas también fueron juzgados en primavera por sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos.