Gobierno de Áñez justifica vigilancia de la embajada mexicana

México denunció el lunes la “excesiva vigilancia” cerca de su embajada en Bolivia desde el pasado 11 de noviembre, cuando el presidente, Evo Morales, abandonó el país. También pidió al gobierno de facto que cumpla con sus deberes internacionales, garantice la “inviolabilidad de las misiones diplomáticas” y ponga fin a “la política de hostigamiento y amedrentamiento”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, es más, denunció el martes un nuevo “hostigamiento” tanto a su embajada como a la residencia oficial por parte de los cuerpos de seguridad e inteligencia bolivianos y exigió a la comunidad internacional que siga condenando la intimidación.

En respuesta, el gobierno de facto de Bolivia dice que la Policía solo cumple con su deber. “El gobierno de Bolivia comunica que ha recibido información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales (...) e indígenas”, según un comunicado leído este miércoles por el secretario privado presidencial, Erick Foronda.

Además, el comandante departamental de la Policía de La Paz, William Cordero, ha exigido a México que entregue a los que fueran funcionarios del Gobierno del presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, que permanecen refugiados en la embajada tras el golpe de Estado: el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el de Defensa; Javier Zavaleta; el de Justicia, Héctor Arce, y el de Culturas, Wilma Alanoca, entre otros.

El Gobierno de México responsabilizó a Bolivia de “cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país”.