Expresidente colombiano Álvaro Uribe sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria

El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió en primera instancia la máxima pena posible en una audiencia que duró más de seis horas, a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.

La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe abandone el país.

El exmandatario (2002-2010) sustentó oralmente sus razones para apelar el fallo. La magistrada le dio plazo hasta el 13 de agosto para presentar sus argumentos por escrito.

“En muchas ocasiones a lo largo de este juicio, la señora juez se refirió con animosidad a mi defensa (…) Aquí no hubo respeto por nosotros (…) aquí hubo sesgo”, dijo Uribe, que rechaza un juicio que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.

Su partido Centro Democrático convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.

El expresidente, que llegó al poder cuando Colombia ardía por el enfrentamiento entre guerrillas de izquierda, escuadrones de ultraderecha y fuerzas del Estado, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.

También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.

Tras la apelación formal el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

Pero en 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.

Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.

El proceso contra Uribe se reavivó en 2024, tras la llegada de la fiscal general Luz Camargo, nominada por el presidente izquierdista Gustavo Petro.