El juez Baltasar Garzón, conocido por sus investigaciones en casos de derechos humanos, compareció el martes ante un tribunal español por su polémica decisión de investigar 114.000 desapariciones durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de derecha del general Francisco Franco.

Cerca de 200 personas, entre ellos familiares de víctimas del franquismo y otros jueces españoles, se reunieron en las afueras de la Corte Suprema para protestar contra el proceso, al que consideran como un intento de negar justicia por "crímenes de lesa humanidad".

Observadores internacionales de grupos de derechos humanos y asociaciones de justicia asistieron al tribunal para seguir de cerca el procedimiento. Garzón se sentó al lado de su abogado vistiendo su vestimenta oficial de juez.

Los cargos en contra de Garzón fueron presentados por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que consideran que el juez se excedió en sus competencias y sobrepasó la Ley de Amnistía de 1977 cuando en el 2008 abrió el caso contra el régimen franquista, que gobernó desde 1939 hasta 1975.

Garzón, de 56 años, ha llevado a cabo elogiadas investigaciones sobre el grupo separatista ETA y denuncias sobre abusos de los derechos humanos en Sudamérica, pero generó cierto malestar en su país al decidir revisar la dictadura, un oscuro período de la historia española.

El juez enfrenta tres juicios presentados por actores privados y no por el Estado- ligados a sus investigaciones sobre abusos de los derechos humanos, corrupción y otros delitos.

Uno de los casos, relacionado con acusaciones por escuchas ilegales a algunos involucrados y sus abogados, llegó a la corte la semana pasada y aún está pendiente su veredicto.

De ser condenado en alguno de estos juicios, Garzón quedaría inhabilitado para ejercer su profesión por hasta 20 años.

Expertos legales internacionales han salido en defensa del juez, que se hizo conocido cuando en 1998 ordenó el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres.

"¿Cómo puede ser que en este país, que está lleno de fosas comunes por doquier, a nadie le preocupe eso?", sostuvo Hugo Relva, consejero jurídico del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. "Aquí el Estado se lava las manos", agregó.

"Eso que ha hecho el juez Garzón, investigar violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, es sencillamente una obligación de derecho internacional que pesa sobre el Estado español", dijo Relva el lunes, calificando el proceso como "despropósito".

El miércoles, el tribunal decidirá sobre los asuntos planteados por la defensa y el juicio se reanudará el martes 31 con la declaración inicial del acusado.

Se prevé que el proceso se prolongue por unas dos semanas.